La Asociación de Farmacias Independientes (AFFI) de Chile presentó una querella ante presuntas irregularidades en la en la tramitación del proyecto de ley Fármacos II.

Según indica la denuncia, habría cohecho por parte de la abogada asesora en el proyecto, ya que mientras estaba involucrada en la tramitación, también recibía pagos por parte del gremio de laboratorios internacionales.

Según denuncia Héctor Rojas, representante de la AFFI, no se le permitió participar en ninguna comisión, "como AFFI se nos prohibió el ingreso, eso está es las actas", denunció respecto al proceso legislativo de la ley.

"Lo que rebalsó el vaso (...) es que aparece una factura, un pago de uno de los laboratorios internacionales, que son los más importantes, a una asesora que también ha asesorado a la Comisión Mixta", comentó.

En redes sociales se volvió viral una factura emitida hacia la firma de la Abogada Martonez, por un valor de $16 millones, desde el gremio de laboratorios internacionales. Este documento, fue el que llevó a la organización AFFI a realizar la querella, que solicitan sea admisible para enviar antecedentes al Ministerio Público.

Hablamos con la abogada Andrea Martones, principal acusada del delito, quien confirmó que ha prestado servicios a farmaceúticas internacionales, "yo declaré específicamente mis conflictos de intereses", aseguró, afirmando que la Comisión Mixta de Salud tenía pleno conocimiento de su situación.

"Yo tramité y redacté el proyecto de Ley de Fármacos II durante el gobierno de Bachelet 2", comentó, "este proyecto lleva siete años de tramitación y ha sido súper duro luchar contra los poderes fácticos y los intereses que representa el seño Rojas", denunció.

"Es una falsa acusación (...), con un doble interés, cuando esto sólo tiene beneficios para las personas", reclamó. "En esto hay varios intereses, es muy técnica, en esos tecnicismos se han tratado de meter goles para que la gente se perjudique. Esa es mi expertiz, llevo 20 años trabajando en salud", comentó para justificar su participación en la comisión.

"A mí se me invitó como experta, como expertos participan muchos estudios jurídicos durante la tramitación de muchas leyes, no hay ninguna obligación de presentar declaración de conflicto de intereses, cosa que yo sí hice", abogó, manteniendo la postura de que fue transparente durante el proceso legislativo.

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