Condenan a a 53 exagentes de la DINA por el caso Calle Conferencia
Agencia Uno
El ministro en visita Miguel Vázquez Plaza condenó a 53 exagentes de la DINA por su responsabilidad en ocho secuestros calificados y un homicidio calificado de los miembros del comité central del Partido Comunista, detenidos en 1976, incluido el entonces secretario general Víctor Manuel Díaz López.
En el fallo del denominado caso Calle Conferencia 1, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago para causas de DD.HH. dictó sentencia en contra de los exagentes de Estado por su responsabilidad, como autores o cómplices, en el homicidio calificado de Díaz López y en la desaparición de 8 personas.
Además de Díaz López, padre de Viviana Díaz, fundadora de la Agrupación de Familiares de Detenidos desaparecidos, las otras víctimas son Mario Jaime Zamorano Donoso, Onofre Jorge Muñoz Poutays (esposo de Gladys Marín), Uldarico Donaire Cortez, Jaime Patricio Donato Avendaño, Elisa del Carmen Escobar Cepeda, Lenin Adán Díaz Silva y Eliana Marina Espinoza Fernández.
Todos eran miembros de la cúpula del PC en la clandestinidad y fueron cayendo a contar del 30 de julio de 1976 en una “ratonera” montada por la DINA en un domicilio de calle Conferencia de la capital, lugar de reuniones del comité central, mientras que Víctor Díaz fue capturado en una casa de seguridad en la comuna de Las Condes. A los ocho se les trasladó a Villa Grimaldi, donde se les torturó y asesinó para finalmente arrojar sus cuerpos al mar.
La principal condena del ministro Vásquez recayó en el ex-agente Ricardo Víctor Lawrence Mires, quien deberá purgar 20 años de presidio como autor de los ocho delitos de secuestro calificado, y 15 años de cárcel como coautor del homicidio calificado de Víctor Díaz López, perpetrado un día no determinado de la primera quincena de enero de 1977. Lo siguen los ex-agentes Carlos López Tapia, fallecidos hace semanas, y , sentenciados a 20 años.
Las restantes sentencias van desde los 15 hasta los 3 años de presidio. En el aspecto civil, el ministro de fuero condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de $3.460 millones a los familiares de las víctimas.
