Contraloría estableció que el Compin tiene más de 315 mil licencias atrasadas
¿Qué pasó?
Tras la controversia en la cual se vio envuelta la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), un documento de Contraloría estableció que hasta el 14 de diciembre de 2018, había 315.637 licencias médicas que no habían sido analizadas por la Unidad de Subsidios de la seremi de Salud Metropolitana.
Y por otro lado, $519.750.566 millones no han sido cancelados debido a que las personas no poseían cuenta corriente para recibir el pago. Por lo anterior, el ente fiscalizador ordenó un sumario administrativo para analizar dichas irregularidades.
Causas de los no pagos
El documento de la auditoría además indica incluso que algunas licencias se arrastran desde el año 2007, sin que hasta el momento se hayan gestionado.
El Compin tampoco ha pagado los subsidios de incapacidad laboral, ya que existen “registros incorrectos por diversas causas”, que son casos clasificados como “sin cuenta corriente donde efectuar los abonos”. Al 30 de septiembre de 2018, se habían acumulado más de $519 millones sin pagar.
Otras irregularidades
El mismo documento dejó en evidencia otras irregularidades, como por ejemplo, que para ingresar a la base de datos donde están los documentos anteriores a 2015 se usa un programa creado en 1998, que permite “solo un acceso restringido para extraer la información”.
Asimismo, se comprobó que los dependientes usan contraseñas propias para acceder a la información, mientras que otros lo hacen con las claves de compañeros.
Denuncias por licencias falsas
Por otro lado, la Contraloría estableció que entre 2017 y 2018 el Compin informó sobre tres denuncias por licencias falsas al Ministerio Público, pero una no pudo ser acreditada porque carecía de un timbre de recepción.
Información sensible
Cabe señalar, que además, empleados de cajas de compensación, trabajan en dependencias del Compin, por lo cual, en reiteradas ocasiones datos sensibles y privados de los pacientes quedan a disposición de dichas empresas.
Por lo anterior, se envió un oficio a la Superintendencia de Seguridad Social, para que emita un pronunciamiento al respecto y aclare su pueden acceder a dicha información.
