El uso de la tobillera electrónica está asociado a cierto tipo de delitos, comportamiento y antecedentes previos del condenado. Si todos los elementos anteriores lo ameritan, una de las partes (Defensor, tribunales o Fiscalía) puede solicitar el monitoreo remoto a través del brazalete.

Una vez que el tribunal aprueba los antecedentes, entonces se procede a evaluar técnicamente la medida. Para ello, un técnico visita el domicilio del penado y realiza pruebas para determinar si es posible establecer una conexión entre la tobillera y el centro de Monitoreo Telemático de Gendarmería. Es igual que cuando un técnico visita nuestra casa para determinar si es posible la instalación del servicio de internet, por ejemplo.

En más del 90% de los casos, la conexión es positiva, por lo que se notifica al Juzgado de Garantía correspondiente, que es posible aplicar la medida mediante un Informe de Factibilidad Técnica (IFT). Sólo entonces, el tribunal fija una audiencia para comunicarle al sentenciado, que debe presentarse al Centro de Reinserción Social de Gendarmería (CRS) y así poder iniciar el proceso de monitoreo. A continuación, cómo funciona la relación entre la tobillera y el monitoreo telemático.