Mega Investiga tuvo acceso a las pruebas claves que tiene la Fiscalía Oriente contra el exdiputado Joaquín Lavín León por presuntos delitos de corrupción.
Entre los antecedentes figuran audios, documentos tributarios y testimonios claves que apuntan al uso irregular de asignaciones parlamentarias, además del tráfico de influencias y falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil.
Las pruebas que complican a Joaquín Lavín León
Uno de los audios data de abril de 2021, cuando el entonces diputado Lavín le envió un mensaje a sus colaboradores consultando por un piloto. Según la investigación, el mensaje se relacionaría con la aplicación SocialTask, una plataforma desarrollada por la empresa Modo 74 para recopilar bases de datos para campañas políticas de la UDI y luego enviar mensajes de texto, la cual habría sido financiada con fondos del Congreso.
Otro de los audios a los cuales se tuvo acceso aparece Arnaldo Domínguez, su histórico asesor parlamentario, y que también será formalizado junto al ex diputado. En estos mensajes conversa con una militante de la UDI sobre la aplicación.
Un informe de Contraloría de septiembre de 2025, encargado por la Fiscalía, determinó que el principal cliente de Modo 74 habría sido el propio exdiputado Lavín, y que entre las 19 personas con cargos políticos que habrían adquirido el servicio se encuentran su esposa, Cathy Barriga, y su padre, el histórico militante de la UDI, Joaquín Lavín Infante.
Pero es la imputación por fraude al fisco la que más complica al exparlamentario. El ente persecutor sostiene que entre 2015 y 2024 habría rendido facturas falsas al Congreso, por lo cual habría obtenido pagos improcedentes, provocando un perjuicio fiscal de al menos $104 millones.
Además, en la carpeta investigativa hay 100 correos electrónicos, mensajes e incluso una planilla Excel, donde se habrían definido los nombres de trabajadores que serían despedidos de la Municipalidad de Maipú por razones políticas.
Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.